Redacción Guayaquil
Los 85 legisladores que votaron por la destitución de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), deberán responder ante la Justicia ordinaria por haber actuado al margen de ley.
Al menos así lo dieron a notar hoy, lunes 21 de noviembre del 2022, el legislador pro oficialista Ricardo Vanegas y el ahora expresidente del ente de control ciudadano, Hernán Ulloa.
Vanegas dijo que advirtió antes de la instalación del pleno sobre su posición de los tiempos en un proceso jurídico. “Cuando los tiempos precluyen en un proceso, no hay como subsanar ese error procesal en la siguiente etapa. Fue una resolución inadecuada llamarlos a juicio porque el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a procesos de fiscalización y estos procesos son los que se realizan antes de que se inicie un juicio”, dijo.
Enfatizó que en este proceso previo es donde se recaban las pruebas y ahí con estos insumos se pide el inicio de un juicio. Ya durante el juicio la Ley establece los plazos y señala que “los plazos no se cumplieron y no podía el pleno entrar a resolver sin una resolución que diga que se inicie el juicio, sin una resolución de archivo, sin las actas de votos individuales y sobre todo sin expediente”.
Ulloa advirtió que interpondrá una acción de protección porque alertó en el Pleno que no había informe para cuestionar y enjuiciar a los cuatro consejeros. “El secretario dijo que no había informe y eso es una vulneración al estado de derecho; que autoridades nacionales hayan sido enjuiciadas sin un informe de la Comisión de Fiscalización, habiendo vulnerado los plazos fatales que establece la ley; porque esto ya no es un proceso de fiscalización donde simplemente se piden documentos tienes que esperar las respuestas; esto es parte del control político y no cabe en lo absoluto la aplicación del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, afirmó.
“Aquí hay que defender el derecho”, manifestó al sostener que “no es posible que los legisladores no hayan tomado en consideración que el (artículo) 142 no es aplicable para una situación como la que se estaba dando enjuiciando a autoridades nacionales sin el respeto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sin el respeto a la Constitución, sin el respeto más mínimo a los plazos y otras normas constitucionales”.
La acción será presentada en Quito. Lo hará “con la esperanza que los jueces sepan que ellos no están sometidos al control político, y que es hora de poner un freno a tanta sinvergüencería que ocurre en la Asamblea Nacional”, explicó. (I)
