Redacción Guayaquil y Quito
Una variedad de criterios jurídicos cuestionan el accionar del Ministerio de Trabajo de imponer una suspensión laboral de 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad, sin sueldo.

La segunda mandataria electa con voto universal en elecciones libres anticipadas, ha considerado el dictamen de la cartera Laboral, como un acto de persecución dirigido a apartarla del Gobierno, para que no asuma la Presidencia de la República durante la campaña electoral de enero del 2025.

De ahí que la polémica está encendida. André Benavides, constitucionalista capitalino, señaló que el acto es improcedente y violenta los derechos de Abad.

Esto porque tanto el Presidente de la República como la Vicepresidenta tienen un régimen especial de control a través de la Asamblea Nacional mediante juicio político y fiscalización.

Dijo que en este caso, el Ministerio de Trabajo se atribuyó funciones mediante un sumario administrativo que no existe y por ende desde su punto de vista jurídico, es improcedente.

Abad tiene tres caminos para defenderse. Ella debe apelar, interponer una acción de protección o demandar ante el Contencioso Administrativo.

Clay Cabrera, también constitucionalista, señaló que los mandatarios están bajo el manto de la Constitución de la República y la legislatura.

«Ellos no están sometidos a ninguna otra ley . Solo puede la Asamblea Nacional destituirlos por las causales contemplados en la Constitución», dijo.

Cabrera dijo que lo resuelto por un funcionario inferior como el Director de Trabajo «es simplemente una herejía jurídica. Jamás se ha producido un acto tan vergonzoso como el que acaban de dictar estos fulanos del ministerio de trabajo», manifestó. (I)

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