Comisión de Desarrollo sesionó hoy destacando la importancia del cuerpo legal.
Redacción Quito
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional con 8 votos hoy, domingo 22 de junio de 2025, aprobó el texto del informe para segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional, sobre el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública.
El presidente Daniel Noboa remitió al Parlamento esta iniciativa como económico urgente.
Antes de ser puesto en consideración de los asambleístas, Francisca Herdoiza, asesora de la comisión, detalló brevemente las incorporaciones realizadas a este segundo informe, que han dado como resultado un cuerpo normativo que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; la Ley Orgánica del Servicio Público y reforma más de una decena de leyes vigentes.
Señaló que la norma busca establecer fundamentos jurídicos para erradicar la corrupción, la violencia y garantizar responsabilidad en la gestión pública.
Además de incorporar la integridad como eje rector del Sistema de Contratación Pública y reformar el régimen de talento humano para precautelar la estabilidad laboral relacionada a resultados medibles, competencias y profesionalismo.
Destacó la tipificación del prevaricato cometido por jueces y fiscales, en el Código Orgánico Integral Penal; la disposición de que toda entidad pública que mantenga bienes destinados a la formación policial, los transfiera a la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, en un plazo de 180 días; el establecimiento de tiempos máximos para que las entidades públicas actualicen sus manuales de personal y procesos de evaluación nacional de desempeño.
También resaltó la adición de una reforma a la Ley Orgánica de Transporte, en relación con los medios tecnológicos para captar infracciones de tránsito, para que su recaudación solo puede tener como objeto el pago de los equipos tecnológicos y el servicio de mantenimiento y puesta en marcha de los mismos, entre otras.
Sergio Peña, independiente, manifestó que la norma no vulnera este principio pues en su totalidad está orientada hacia el mismo fin; la erradicación de la corrupción y violencia en todo el sistema público ecuatoriano y la protección a la población en situación de vulnerabilidad.
Diego Franco, legislador de AD, señaló que “esta es una leynhumana y llega al corazón del problema de la corrupción enquistada en la función pública y hace del Estado un instrumento útil para la gente”.
La oficialista Valentina Centeno, presidenta de la comisión indicó que el informe aprobado será remitido al presidente de la Asamblea Nacional para que convoque al debate parlamentario dentro de los plazos establecidos en Ley Orgánica de la Función Legislativa. (I)
