“Yo no me he robado un centavo porque no he asignado un dólar ni lo he administrado”, fue el elegato del segundo hombre fuerte del correísmo.
Redacción Quito
El exvicepresidente Jorge Glas, implicado en un peculado por el caso Reconstrucción de Manabí, declaró hoy, domingo 22 de junio de 2025, que no se ha robado un centavo porque no ha manejado dinero.
Esto lo dijo en el quinto día del juicio que se sigue en la Corte Nacional de Justicia, donde también está involucrado Carlos Bernal, funcionario de la unidad encargada de los trabajos post terremoto de abril del 2016.
El exmandatario alega inocencia ante un pedido de condena de 13 años de prisión por parte de la Fiscalía. Él defendió su gestión al frente del Comité de Reconstrucción creado tras el terremoto del 16 de abril de 2016, señalando que su papel fue político y no administrativo.
Durante su intervención, que se desarrolló en la sede judicial ubicada en el norte de Quito, explicó que su función fue priorizar proyectos estratégicos para la reactivación de Manabí y Esmeraldas, pero que nunca tuvo acceso a la contratación ni ejecución de obras.
“Priorizar proyectos no es igual a contratarlos”, argumentó ante los magistrados.
Glas también hizo referencias históricas y económicas para defender las decisiones del gobierno de Rafael Correa, comparándolas con políticas contracíclicas como el New Deal implementado por Franklin D. Roosevelt durante la Gran Depresión. “Se tomaron decisiones macroeconómicas para enfrentar una crisis sin precedentes. Pero yo no administré ni una sola botella de agua”, insistió.
Wilson Toainga, fiscal general subrogante, reiteró el pedido de la pena máxima para Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité de la Reconstrucción, acusándolos del delito de peculado y solicitando que ambos ofrezcan disculpas públicas.
Tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) como la Procuraduría General del Estado se allanaron a la acusación fiscal, y exigieron que se imponga la pena máxima y se ordene una reparación integral de 225 millones de dólares al Estado ecuatoriano, monto que correspondería al presunto perjuicio generado por las irregularidades.
Tras la exposición de alegatos de cierre de las partes procesales, el tribunal de la Corte Nacional anunció que su decisión será informada, de forma oral, el 30 de junio a las 09:00. (I)
