Informe de órgano de control menciona 100 millones por termoeléctricas de Quevedo y Salitral, y 40 millones más por contrato con Austral (ATM).
Redacción Quito
El gobierno del presidente Daniel Noboa ha puesto en riesgo 140 millones de dólares en medio de dos crisis: seguridad y económica.
Esto, porque la Contraloría General del Estado reveló en un informe que, 100 millones de dólares están en riesgo de perderse por el contrato con la empresa Progen, para la instalación de dos plantas termoeléctricas en Quevedo y El Salitral, las cuales no han generado un solo megavatio al país.
El órgano de control reveló el costo oculto de esta operación fallida que significa una pérdida económica de 100 millones de dólares, inicialmente.
Mauricio Torres, contralor del Estado informó hoy, martes 22 de julio de 2025, que el examen especial realizado a estos contratos fue aprobado el lunes 21 de julio y según los hallazgos, en el caso de El Salitral (Guayas), el daño alcanza los 70 millones de dólares y en Quevedo, en Los Ríos), otros 30 millones.
A esto se suman irregularidades similares en otro contrato adjudicado a Austral Technical Management (ATM), en Esmeraldas, que elevarían las pérdidas totales a cerca de 140 millones de dólares.
Uno de los hallazgos más graves es que los equipos adquiridos por Progen no serían nuevos, ni habrían sido comprados directamente al fabricante, como exigía el contrato.
Aunque los generadores aún están cubiertos, lo que impide su inspección visual sin perder la garantía, la Contraloría obtuvo documentos y certificaciones del fabricante original que desmienten cualquier relación de venta con Progen. Es decir, los equipos no solo no son de fábrica, sino que habrían sido adquiridos en el mercado secundario.
«Para los pagos que se realizaron, los equipos no serían nuevos», resumió el contralor Torres al señalar que incluso el fabricante certificó que no vendió directamente los generadores a Progen, lo cual constituye una violación directa de las condiciones contractuales.
El informe también detecta múltiples adendas contractuales que modificaron las condiciones de pago a favor de Progen, sin respaldo técnico suficiente y sin que existan garantías que protejan al Estado en caso de incumplimiento.
“Lo más importante para el país es recuperar los recursos que han sido mal invertidos”, enfatizó el contralor. Añadió que se han determinado responsabilidades civiles contra Celec, que deberá ejecutar las garantías previstas en los contratos, aunque, según la auditoría, estas son insuficientes o inexistentes. (I)
