Titular de la Judicatura fue citado a comparecer por las presiones y amenazas al juez Carlos Serrano.
Redacción Quito
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, durante su comparecencia a la Asamblea Nacional, presentó una denuncia pública de alto impacto. Lo hizo con nombres, fechas y hechos.
Según su versión de hoy, lunes 5 de enero de 2026, existe un entramado articulado desde sectores políticos y mediáticos para dilatar audiencias judiciales, desprestigiar al sistema de justicia y asegurar impunidad a procesados vinculados a casos emblemáticos.
Sostuvo que el punto de quiebre fue el 22 de noviembre de 2025, fecha en la que coinciden audiencias y procesos sensibles: el caso de Aquiles Álvarez, acusado de supuestamente operar una millonaria red de tráfico de combustibles, la causa contra la general Tanya Varela, el expediente de Sinohydro y el asesinato de Fernando Villavicencio.
A su criterio, desde ese momento se activó un linchamiento mediático con un objetivo claro: tomarse la justicia para lograr impunidad.
El denunciante reveló que el 20 de diciembre de 2025 una persona con vínculos con la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, contactó a uno de sus asesores. El mensaje fue directo: apoyo político a cambio de mover la audiencia de Aquiles Alvarez para mayo.
Lo único que buscaban era impunidad, según Godoy, para Aquiles Álvarez y hacer lo que hicieron en las elecciones anteriores.
“O ya nos olvidamos, que para frenar la vinculación a la causa AAA se postularon como candidatos de relleno a la asamblea los señores José Franco, César Bravo, Fernando Peñaherrera, Juan Daniel Gonzalez y hasta los hermanos del señor Aquiles Álvarez”, sostuvo.
Caso Serrano
Godoy afirmó además que esta persona anticipó la difusión de audios del juez Carlos Serrano, que efectivamente circularon el 22 de diciembre de 2025 en redes sociales del periodista Anderson Boscán.
Para Godoy, esto demuestra que la ofensiva estaba planificada y cronometrada con el fin de que el alcalde de Guayaquil enfrente a la justicia por el millonario caso en su contra.
La huella de Álvarez
La denuncia va más allá. Mencionó presuntos vínculos comunicacionales entre Catrina Tala, empresaria relacionada con RC, Gabriela Panchana, editorialista de El Expreso, y el entorno comunicacional del Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez. Todo, según Godoy, parte de una misma estrategia: manipular la opinión pública para presionar a la justicia.
Mensaje explícito
“El principal sponsor actual de RC es Aquiles (…) el jefe de bancada hace todo lo que Aquiles diga”. Godoy sostiene que estas acciones no solo buscan impunidad, sino que han puesto en riesgo su seguridad y la de su familia. Denuncia intimidaciones directas y responsabiliza públicamente a Aquiles Álvarez, a la bancada de RC y a actores mediáticos por cualquier daño que pueda ocurrirle.
Guillermo Lasso
Godoy también pidió que se investiguen posibles conexiones con exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso y alertó sobre lo que podría revelarse en el caso de la general Tanya Varela, donde se mencionan nombres como Danilo Carrera, Rubén Cherres y Dritan Gjika.
El funcionario anunció que toda esta información será puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, con solicitud de actos urgentes. Recalcó que no busca escándalo, sino investigación.
En su cierre ante la Asamblea Nacional, Godoy solicitó comparecer ante la Comisión de Fiscalización para defender su honor y exponer, con documentos, lo que califica como un intento sistemático de capturar la justicia.
Afirmó que no huye, que da la cara y que asume el costo personal de hacer lo correcto.
Responsabilizó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a la bancada de Revolución Ciudadana de su integridad física y la de su familia.
Mensaje final
«Aquí no hay casualidades. Hay intereses. Y cuando la política quiere impunidad, la justicia estorba», señaló. (I)
