Redacción Quito
El correísmo está encolerizado. Las oficinas de Revolución Ciudadana (RC5), en Quito, fueron allanadas hoy, sábado 28 de febrero de 2026, por la Fiscalía y la Policía en el marco del proceso penal denominado Caja Chica.

Tras la acción judicial, los primeros en reclamar fueron el expresidente Rafael Correa y su excandidata Luisa González. Ambos rechazaron el allanamiento y lo calificaron de persecución política.

Mónica Palacios, legisladora del correísmo, alertó de la incursión en su red social de X y compartió un video de cámaras de seguridad del establecimiento.

En las imágenes se observa el ingreso de policías. Calificó el hecho como una persecución que no tiene límites.

Casi a la par, la actual presidenta de la organización política, Gabriela Rivadeneira, se pronunció en su cuenta de X. Señaló que el correísmo es la principal fuerza política de oposición al gobierno de Daniel Noboa.

Cuestionó el despliegue de operativos para “continuar hostigando a una fuerza política”, y no en las calles donde la ciudadanía clama por seguridad y respuestas judiciales a miles de denuncias de homicidios, violaciones, extorsión, entre otros delitos.

El caso Caja Chica indaga una trama de corrupción en la cual el correísmo habría recibido dineros procedentes de Venezuela para financiar sus campañas electorales.

Por este caso, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tendría listo un dictamen que implicaría la eliminación de la RC5 del padrón electoral y la pérdida de derechos políticos de los excandidatos Luisa González y Andrés Aráuz. (I)

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