Redacción Quito 

Fernando Villavicencio, asambleísta nacional, presentó hoy una denuncia por desaparición de documentos en la Contraloría del Estado. 

En el escrito presentado al Ministerio Público se señala la existencia de una estructura criminal que desapareció Informes con Responsabilidad Penal (IRP) de la Contraloría y desvaneció glosas millonarias. Estos indicios son producto del análisis documental y de las comparecencias del juicio político al excontralor Pablo Celi. 

Independientemente de la censura y la inhabilitación del ejercicio de cargo público en contra del excontralor General del Estado, Pablo Celi, el informe de posiciones de Fernando Villavicencio recomendó remitir información a la Fiscalía para que inicie las investigaciones penales a funcionarios y exfuncionarios de la CGE por los presuntos delitos: destrucción de registros, asociación ilícita, cohecho, delincuencia organizada y tráfico de influencias.  

Uno de los puntos importantes de la denuncia tiene que ver con la sustracción de documentos públicos de la Contraloría. En específico, menciona los IRPs de Carlos Baca, por el uso de recursos de la SENAIN en la Comisión del 30S, el de César Navas, por el caso de la construcción del sistema ECU911 y los informes de auditoría a contratos por 330 millones de dólares del Ministerio del Interior, en contra de José Serrano. 

También habla de la desaparición informes que habrían sido el canje para que César Navas, José Serrano y Carlos Baca contribuyan con Pablo Celi en la “toma de la Contraloría en junio del 2017”. 

El siguiente caso que Villavicencio pide a la Fiscalía es investigar el paradero del expediente laboral de Pablo Celi que nunca fue remitido a la Comisión de Fiscalización. En esta carpeta constarían la acción de personal 913, de la Contraloría General del Estado, mediante la cual Carlos Polit habría cesado de sus funciones como subcontralor a Pablo Celi; con la acción de personal 914, Polit nombró subcontralora a Sabett Chamoun. 

Este testimonio lo rindió el excontralor Polit, el 24 de julio del 2021, durante el período de comparecencias, del juicio político.  

Además, Villavicencio pide a la fiscal Diana Salazar que abra una investigación por la quema deliberada de informes y expedientes en la Contraloría General del Estado, durante el incendio del edificio en octubre del 2019.  

Otro de los componentes de la denuncia es la investigación de la cancelación de órdenes de trabajo y la caducidad de resoluciones y de informes, provocadas por funcionarios de la Contraloría. El legislador define a éste, junto al desvanecimiento de glosas, como otro de los mecanismos de impunidad en el ente de control. (I)

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