Redacción Quito
Los integrantes de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional exigió hoy, miércoles 20 de julio del 2022, al ministro del Interior, Patricio Carrillo, rendir cuentas de la actuación de la Policía durante los 18 días del paro indígena.
Carrillo aseveró que en las jornadas de junio no hubo represión a la protesta social, a la vez que aseveró que se requiere diferenciar la protesta social como derecho ciudadano y determinadas acciones que realizan grupos infiltrados.
Los legisladores demandaron del funcionario aclarar la denuncia pública del presidente Guillermo Lasso, en el sentido que la protesta fue financiada por el narcotráfico y que costó 15 millones de dólares y sobre su afirmación de que se habría requerido ocho dólares por cada persona para movilización, hidratación y alimentación.
Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión, enfatizó que son graves las acusaciones del mandatario, por lo que llama la atención que no haya acudido a la Fiscalía a presentar la denuncia con las respectivas pruebas, criterio que fue respaldado por el legislador José Chimbo, quien expresó que “no podemos vivir en el país de la mentira, de la presunción”.
La asambleísta Dina Farinango, vicepresidenta de la mesa legislativa, fue más allá al indicar que el no presentar una denuncia ante la Fiscalía significaría incurrir en un delito como la omisión de denuncia, que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
La parlamentaria Sofía Espín, expuso otras inquietudes sobre el fallecimiento de personas, la utilización de instituciones públicas como cuarteles de la Policía y la crisis penitenciaria como parte de la inseguridad que vive el país.
Carrillo respondió que previo al paro solicitó a la Fiscalía aperturar indagaciones, lo que evitó el número de detenciones en flagrancia, pero que continuarán las investigaciones en los temas de acción pública.
El comportamiento vandálico y delictual es el que se debe investigar, subrayó, al indicar que nunca afirmó que en la movilización se financió con 8 dólares diarios para alimentación, hidratación y hospedaje de cada persona.
«Entiendo las demandas insatisfechas de la ciudadanía, pero estamos saliendo de la crisis sanitaria a consecuencia de la Covid 19, lo que ha generado inestabilidad económica y política», agregó.
Por iniciativa del legislador José Chimbo, el acta de la sesión de la Comisión de Justicia será remitida a la Fiscalía General del Estado para que se incorpore en las investigaciones. (I)
