Redacción Guayaquil
En el cementerio Ángel de María Canals, del Suburbio Oeste de Guayaquil. Al pie del bloque donde reposan los restos de 40 de las 125 víctimas de la matanza ocurrida el 28 de septiembre del 2021, en la Penitenciaría del Litoral, decenas de familiares rindieron homenaje póstumo a quienes murieron durante un ataque criminal al Pabellón 5, donde los cuerpos se levantaron recién el día después.

Así lo detallaron los partes de Criminalística que además narraron el horror que dejó la violencia de seres humanos incorregibles contra otros compañeros de infortunio.

Esas escenas dramáticas son las que ahondan el dolor. En sus testimonios las madres, por ejemplo, manifiestan lo conmovedor que ha sido la situación, que a cada rato las lleva a imaginar el sufrimiento que atravesaron sus hijos. “No merecían morir así”; ‘Si acaso cometieron un error, el Estado debía rehabilitarlos, no entregarlos muertos”, son expresiones en las que coinciden varias de las mujeres, que quieren justicia y reparación integral, en especial para niños y jóvenes huérfanos.

Con ese anhelo, han conformado el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, con el acompañamiento del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), pues hasta hoy, ninguna familia ha recibido atención psicológica o alguna disculpa pública, como parte del derecho a una reparación integral del Estado.

Critican el escenario violento al que han sido expuestos durante y después del encarcelamiento; y peor aun cuando sucedió la masacre, lo que constituye un acto flagrante de tortura ejercido por el Estado. En todo momento ha primado la constante incertidumbre respecto a la situación de su familiar hasta el momento de las masacres.

Desde que ocurrieron las masacres de las personas en prisión, varios espacios han reconocido la calidad de víctimas por la violación a Derechos Humanos a las familias de los fallecidos. Incluso han ordenado su reparación integral como «garantizar una reparación integral a las personas privadas de libertad que han sufrido violaciones de derechos humanos dentro de los centros de privación de libertad, así como la generación de políticas de prevención necesarias”, determinó la Comisión de Pacificación y Diálogo (2022).

«(…) en aquellos casos en que la Persona Privada de Libertad haya fallecido, es importante mantener un seguimiento con los familiares, incluyendo contacto continuo con estos en los procesos de reparación”, Política Pública de Rehabilitación Social 2022-2025 del Ecuador.

“(…) deberán detallarse las medidas de reparación otorgadas a las personas privadas de libertad que han sufrido violaciones a derechos humanos y a sus familiares”, informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre situación de las PPL en Ecuador (2022).

Desde el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, este 28 de septiembre, se hace un llamado a la sociedad civil, a la Academia e instituciones del Estado a articular acciones en favor de las personas privadas de libertad, que son víctimas del sistema punitivista y de desigualdad, vigente.

«Como CDH reconocemos que el sistema de rehabilitación social no ha alcanzado su mandato constitucional, y se ha convertido -como siempre ha sido- en un espacio que criminaliza la pobreza y promueve una cultura de muerte. Todo esto bajo la venia del Estado», remarca el comité.

En la regional
Luego de la misa campal en el Cementerio del Suburbio, la delegación del CDH fuer partícipe de otro homenaje póstumo por las víctimas. Acudieron a la Cárcel Regional del Guayas, donde al menos 300 internos participaron de una Misa que ofreció la Arquidiócesis de Guayaquil, a través de la Pastoral Carcelaria, que ejecuta programas de rehabilitación social en la prisión.

En horas de la noche, integrantes del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, víctimas de las masacres del Ecuador, se reunirán con los representantes del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hasta el momento, en Ecuador han sido asesinadas al menos 500 personas mientras permanecían en prisión. Según cifras del CDH, basadas en reportes oficiales, 388 parecieron durante ocho masacres. Las restantes han muerto en supuestos suicidios, la mayoría ahorcamientos, o ataques individuales, ya sea con arma blanca, de fuego u objetos contundentes, e incluso explosivos.

La jornada de recordación a las víctimas empezó un día antes, el martes 27 de septiembre, cuando el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles ofreció una misa de réquiem en la Iglesia La Merced, en el centro de Guayaquil. Después se efectuó una vigilia en la Plaza de San Francisco, donde prendieron velas, oraron y entonaron canciones, acompañados por la artista Maricarmen Murillo. (I)

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