Redacción Guayaquil
Por el fallo favorable concedido a los exaccionistas del extinto Filanbanco, William y Roberto Isaías Dassum y declaraciones del procurador del Estado, Iñigo Salvador, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado citó a dar explicaciones a varios miembros del Consejo de la Judicatura.
Alejandro Jaramillo (ID), presidente de esta comisión, emetió las citaciones al presidente del CJ, Fausto Murillo, y los vocales Maribel Barreno y Juan José Murillo. A la nómina se adherió también a la directora del CJ en Guayas, María Josefa Coronel, toda vez que los fallos fueron dados por jueces de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
El objetivo de la convocatoria es que estos funcionarios informen y aclaren sobre las acciones que han realizado en torno a los hechos que son de conocimiento público y que están causando el repudio de los entes de justicia del Ecuador, referente a las declaraciones del procurador Iñigo Salvador Crespo, quien manifestó públicamente que: «siempre pensé que la demanda de indemnización por daños y perjuicios de 2 mil millones de dólares fue un intento por sentar al Estado a negociar y el estado no se sentó a negociar. Lamentablemente, se ve que los tribunales ecuatorianos están sometidos a mucha presión, política y probablemente esto no lo puedo asegurar, investiguen los vínculos de las directivas de la Judicatura en Guayas con los hermanos Isaías».
Esto, recién el pasado 7 de octubre del 2022, el pleno del Consejo de la Judicatura resolví suspender de sus cargos a los jueces José Eduardo Coellar Punín, Adolfo Gaibor Gaibor y Carlos Alberto González Abad, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial, por el plazo máximo de tres meses.
Sin embargo, las declaraciones de Salvador dadas a un canal de televisión nacional, generó la reacción del exgerente de la desaparecida Agencia de Garantías de Depósitos (AGD). Él, en su cuenta de Twitter escribió «Presidente @LassoGuillermo: ¿Qué le parece esta declaración de su amigo Iñigo Salvador, PROCURADOR del ESTADO, respecto a los “vínculos” de su pana Roberto Isaías con la directora del Consejo de la Judicatura del Guayas? ¿Podríamos conocer lo que usted opina? ES GRAVE», concluye el texto.
Fue justamente el 8 de julio de 2008, que Carlos Bravo, dispuso incautar 195 empresas, entre ellas los medios de comunicación TC Televisión, Gamavisión y radioemisoras. Muchas de estas empresas están todavía en manos del Estado.
En su versión, Bravo deja notar que lo dicho por Salvador deja en claro un hecho grave como la manipulación de fallos a favor de determinadas personas, designaciones de jueces amigos y otros aspectos. (I)
