Redacción Quito
La provincia de Manabí no solo es un bastión electoral del correísmo. También es batión judicial por las acciones de jueces con jurisdicción en esta misma localidad.
Determinados operadores de justicia actúan sobre escritos de ciudadanos militantes del partido correísta. Los ejemplos han sido evidentes en cantones del interior de la provincia.
Otro ejemplo que se torna en un desayuno amargo para los ecuatorianos, se evidenció hoy, viernes 1 de septiembre del 2023, por una acción de protección concedida a una ciudadana común de Manabí y que le sirve de arma al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), para evaluar las acciones de la Corte Constitucional (CC).
El curioso fallo ordena al titular del Cpccs, Alembert Vera, crear una veeduría para evaluar a la CC que surgió del Cpccs de Julio Cesar Trujillo (+).
El operador de justicia con sede en Montecristi ordena que ducha comisión deberá «diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional», por parte del Cpccs transitorio de 2018.
Betty Marcillo Moreira, accionante de esta causan, acudió a la justicia luego de que pidiera la conformación de esa veeduría al Cpccs, presidido por Gina Aguilar y se le negara la solicitud.
Una analista del Cpccs de Manabí respondió a esa solicitud citando el dictamen de la Corte Constitucional (CC) en el que se establece que la institución no tenía competencias extraordinarias que se le otorgó al transitorio.
La demandante argumentó que esa sentencia no limita la participación de los ciudadanos y, por lo tanto, considera que la vía adecuada es la veeduría.
André Benavides y José Chalco, constitucionalistas, coinciden con lo expresado por la funcionaria que rechazó el pedido de conformar la veeduría.
Chalco explica que ese dictamen de la CC es una interpretación constitucional de 2019 en la que se determinó que los siguientes Cpccs, luego del Transitorio, es decir, aquellos denominados como definitivos, no podrán evaluar ni interferir en las decisiones del transitorio.
Ese pronunciamiento da un lineamiento Constitucional y determina que las atribuciones que tuvo el consejo presidido por Julio César Trujillo (+) son extraordinarias, según explica el jurista.
El Cpccs de transición nació en el referéndum de 2018, convocado por el expresidente Lenín Moreno. Los ecuatorianos se pronunciaron favorablemente a la necesidad de conformar un consejo a cargo de evaluar y designar a nuevas autoridades de control.
Chalco estimó qué lo que intente hacer el actual Cpccs, de mayoría correísta, en contra de aquellas autoridades que fueron designadas por el transitorio, implicaría una vulneración e inobservancia al dictamen que podría derivar en sanciones como la destitución del servidor, en este caso, del mismo presidente del Cpccs actual.
André Benavides añade al análisis la extemporaneidad del procedimiento, porque la Corte Constitucional desde ese entonces ha tomado varias acciones que jurídicamente no podrían revertirse.
Vera confirmó que atenderá el pedido y conformará la veeduría por «orden judicial».
El funcionario está consciente de que efectivamente existe una interpretación de la Corte que prohíbe a la institución tomar ese tipo de acciones; sin embargo, enfatiza que es una iniciativa ciudadana. (I)
