Redacción Quito
La Asamblea Nacional tiene previsto aprobar este martes 5 de diciembre del 2023, una nueva ley que contribuye a combatir la inseguridad en el país.

Henry Kronfle, presidente del Legislativo, convocó al pleno para el tratamiento del proyecto. Se trata de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, que tiene entre sus objetivos reconceptualizar los servicios de seguridad privada bajo una dinámica sistemática, garantizar los derechos del personal que labora en este sector, crear un régimen de control de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de seguridad privada y capacitación de personal.

Para ello, la propuesta crea y regula el Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada; la prestación de estos servicios para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores; y la prestación de servicios de formación y capacitación para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada. También otorga herramientas para proteger y garantizar los derechos de los trabajadores del sector y determina con claridad las prohibiciones y sanciones para los prestadores de estos servicios.

El siguiente punto del orden del día, es el primer debate del proyecto de Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional, que establece principios y reglas para la vigilancia, control y defensa de nuestro espacio aéreo, garantizando la protección del Estado en su espacio aéreo y la soberanía del país.

Esta propuesta normativa regula el procedimiento para erradicar el tránsito aéreo de actividades ilícitas en territorio ecuatoriano, de conformidad con la Constitución de la República, legislación aeronáutica e instrumentos internacionales que el Ecuador forma parte, especialmente las reglas de protección aeroespacial.

La jornada concluirá con el primer debate del proyecto de Ley de Cooperación del Estado Ecuatoriano con la Corte Penal Internacional, que tiene como finalidad garantizar la adecuada investigación y enjuiciamiento de los crímenes de competencia de la Corte, conforme a su judicialización y las funciones dispuestas en el Estatuto de Roma y su normativa complementaria, mediante la determinación de órganos estatales y el establecimiento de procedimientos de cooperación y asistencia.

Este proyecto determina que la Cancillería será la autoridad competente para la cooperación activa y pasiva, en coordinación directa con la Corte Penal Internacional. (I)

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