Redacción Quito
La probidad de los cinco integrantes de Ia veeduría ciudadana para vigilar la ejecución del concurso para designar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, sigue en
entredicho.
Eduardo Andrés Cantos Cortez, Bonnie Alexandra Carrión Zamora, Nelly Yolanda Escobar Maliza, Sheila Yelena Reyes Peñafiel y Alba Victoria Salazar Morán, son cuestionados por sus afinidades políticas, algo expresamente prohibido en la ley orgánica de Participación Ciudadana y ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
El artículo 7 del reglamento General de Veedurías Ciudadanas señala claramente que «las veedurías constituyen entidades Ciudadanas independientes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la entidad observada o de cualquier otra institución de la administración pública, las Veedurías tienen carácter participativo, cívico, voluntario, proactivo y neutral».
Sin embargo, Bonnie Carrión fue candidata a concejal en Guayaquil en el distrito No. 2 por el Partido Sociedad Patriótica (PSP). Sheila Reyes, también fue candidata a la alcaldía de Durán por el Partido Alianza PAIS, pero fue impugnada por su supuesta relación con
pandillas. Además, fue descubierta cometiendo vandalismo contra la propaganda política
de otros candidatos.
Además, el lunes 11 de diciembre, en la sesión del pleno de la Corte Nacional, convocada por su presidente, Iván Saquicela Rodas, se argumentaron dos posiciones. Una a
favor de la nulidad del concurso y otra contraria a la intervención de la Corte Nacional.
Ivan Saquicela reiteró, junto al juez Walter Macías, que el concurso para elegir a los jueces y conjueces de la Corte Nacional está lleno de irregularidades y debería ser anulado, Sin embargo, la jueza Emma Tapia, cuestionó que el pleno de la Corte Nacional busque interferir en el concurso.
Las dos posturas fueron votadas, pero ninguna obtuvo los votos necesarios.
Al final, en intervenciones subidas de tono, se cuestionó que los conjueces Adrián Rojas y David Jacho, excompañeros del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, no se hayan excusado de participar de la sesión, pese a sus intereses conocidos y abogaron en defensa del concurso.
Llamó mucho la atención que en el pleno de la Corte Nacional el conjuez cuestionó, la convocatoria realizada por el Presidente, para tratar el tema del concurso y acabaron subiéndole siete puntos a los dos defensores del concurso y de Wilman Terán.
Asimismo, pese a que en los plenos de la Corte Nacional solo se permite votar a favor o en contra, el conjuez Patricio Secaira, se abstuvo de votar por la
nulidad del concurso o por la no intervención de la Corte Nacional.
El artículo 232 de la ley Orgánica de la Contraloría prohíbe que funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación tengan intereses en las áreas controladas.
Cabe destacar que ese mismo día, Terán defendió el concurso y desestimó la opinión de los expertos internacionales que declararon que la selección de jueces para la Corte Nacional debía suspenderse y convocar a otro concurso. (I)
