Señaló a Fabiola Gallardo, Pablo Muentes y Johan Marfetan, cabecillas de estructura criminal que operaba en Corte de Guayas.
Redacción Quito
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió prisión preventiva para once de los doce implicados en el caso Purga, apresados en la madrugada del lunes 4 de marzo del 2024, a través de allanamientos a domicilios de Guayaquil y Samborondón, en Guayas.
La solicitud se verificó hoy, martes 5 de marzo del 2024, después de las 03h00 de esta madrugada. Salazar basó su pedido sobre un delito de delincuencia organizada.
En el mismo acto, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario solo para Reinaldo Cevallos Cercado, juez penal de Guayas, cuyos fallos habrían beneficiado al exlegislador Pablo Muentes Alarcón (PSC) y casos donde los sindicados eran Daniel Salcedo Bonilla y los hermanos Jacobo y Abdalá Bucaram Pulley.
Y el arresto domiciliario va porque el operador de justicia es mayor de 65 años de edad.
La audiencia inició a las 21:00 del lunes y hasta las 05:00 de este martes. Por más de ocho horas, la Fiscalía presentó todos los elementos y pruebas que tenía en contra de los acusados y formuló cargos.
Javier de la Cadena, juez a cargo del caso, calificó de legales las detenciones de todos los procesados.
La Fiscalía inició sus intervención diciendo que este caso devela una estructura criminal que dominó el sistema de justicia en Guayas.
Cabecillas
Dicha organización tendría tres cabecillas: el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.
El tercer cabecilla sería el juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas Johann Maefetan. Según la fiscal Salazar, este último tenían una relación cercana con el exlegislador Muentes.
Bajo esta relación lo habría beneficiado de un fallo que ordenó al Banco del Pacífico registrar documentos de pago falsos en sus asientos contables para justificar la cancelación de una deuda que mantenía el exasambleísta junto a su esposa Mónica Alvarado, quien también está investigada.
Otros jueces
La Fiscalía formuló cargos en contra de seis magistrados, incluidos Gloria G y Johann Marfetan.
Los otros jueces involucrados en el caso Purga son Nelson Ponce, Ramos Lino., Henry Torres y Guillermo Valarezo.
Este último es juez de la Corte Provincial del Guayas. Según las investigaciones, fue parte del Tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en una demanda de acción de protección con una medida cautelar presentada contra la empresa pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito.
Según la información, en este caso estaba en juego un contrato de alrededor de 30 millones de dólares, por la repavimentación entre estas dos entidades.
Pero la acusación de la Fiscalía es grave. Según sus indagaciones, la exjueza Gallardo y el juez Guillermo Valarezo junto al juez Torres, revocaron una sentencia de primera instancia y aceptaron la acción de protección del Cuerpo de Ingenieros. Esto a cambio de la remodelación del piso del Salón Presidencial de la Corte Provincial del Guayas.
Por este caso también fue procesada la procuradora del Cuerpo de Ingenieros, Ruth Catalina S.
La Fiscalía la señala por un pago de 1.400 dólares que habría realizado para cancelar la remodelación del piso del Salón Presidencial de la Corte del Guayas.
En el caso de los jueces Nelson Ponce y Ramos Lino, la Fiscalía dice que conformaron el Tribunal que conoció el juicio de falsedad de instrumentos privados, que el Banco del Pacífico interpuso respecto a las notas de crédito irregulares, que presentó el exasambleísta Muentes, con respecto al crédito que adeudaba junto a su esposa.
La audiencia se suspendió pasadas las 05h00 y se reinstalará hoy a las 16h00. Aquí se conocerá el dictamen final del juez de La Cadena. (I)
