Solo en Manabí tres masacres en menos de 24 horas. En Durán matan a dirigente transportista y Guayaquil a otro sujeto en el norte.

Redacción Quito
Las muertas violentas se registran con mayor fuerza en Manabí, una de las provincias que se quedó sin estado de excepción por orden de la Corte Constitucional (CC).

La medida también perjudicó a Guayas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena. El dictamen obligó al retiro de las Fuerzas Armadas de las calles de los cantones donde persiste la acción del terrorismo.

Sin embargo, hoy martes 14 de mayo del 2024, la ministra del Interior, Mónica Palencia, primero rectificó una cifra errada de estadística, para decir que las muertes violentas en Ecuador registran un decrecimiento del 28% con respecto al 2023.

Según la cartera de estado, este año se han registrado 1109 muertes violentas menos, en comparación al mismo período del 2024.

Palencia aseguró que las cifras están relacionadas a la aplicación de los decretos 110 y 111 promulgados por el presidente Daniel Noboa a inicios de enero de 2024, para combatir la violencia y el terrorismo.

“Una vez que se dieron los Decretos Ejecutivos 110 y 111, muchas cosas cambiaron: la percepción de inseguridad, la necesidad de reaccionar y teníamos elementos fundamentales como la declaratoria de Conflicto Armado Interno, Estado de Excepción y según el artículo 5 que suspendió la inviolabilidad de domicilio, lo que permitió una actuación más efectiva de la Policía y Fuerzas Armadas”, dijo.

La funcionaria indicó que el Gobierno Nacional implementará la deducción de un 150% de Impuesto a la Renta, para aquellas personas o empresas que donen equipo a la Policía Nacional. Este beneficio se estableció en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada en diciembre de 2023.

Palencia también dijo que se coordinará con los ministerios de Salud, Defensa, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y SNAI por la situación de las personas privadas de la libertad que necesitan atención médica, entre ellas. Una de las iniciativas será la implementación de espacios al interior de los centros carcelarios, atención externa solo en casos emergentes y destinar un espacio para la presencia policial en el hospital de Monte Sinaí. (I)