Redacción Quito
El Ejecutivo demandará la inconstitucionalidad de la Ley de Lavado de Activos, aprobada por la Asamblea Nacional.
El Gobierno dijo la noche de este lunes 29 de julio de 2024, que envió oportunamente una objeción parcial por inconstitucionalidad con fecha 25 de julio de 2024, dentro del plazo establecido en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
Además, enfatizó que el proyecto de ley fue recibido el 25 de junio, por lo que argumentar lo contrario atenta contra la buena fe, racionalidad y la confianza legítima.
Según la Asamblea Nacional, al no existir objeción presidencial dentro del plazo establecido, la ley fue aprobada sin los cambios propuestos por Presidencia.
Explicó que la ley fue remitida al Ejecutivo el 24 de junio y debía pronunciarse un mes después.
El 26 de junio, el mandatario Daniel Noboa envío el veto parcial a la ley por inconstitucionalidad en el artículo 20, que establece que la máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sea elegida por la Asamblea de una terna enviada por el Presidente de la República, para un periodo de dos años con opción a ser reelegido por dos años más. También vetó una disposición general relacionada con los requisitos para la designación del director de la UAFE. (I)
