Enma Tapia y Katherine Muñoz dictaminaron que Wilman Terán tenga derecho a implementos tecnológicos, ingreso a toda hora de sus abogados, espacio privado para reuniones, etc.

Redacción Quito
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), rechazó hoy, sábado 17 de agosto de 2024, los allanamientos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a los despachos de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuyos fallos permitieron el traslado del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, de la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la Cárcel 4 de Quito.

Según el gremio, la intervención en las oficinas de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz es una”una afrenta directa a la independencia judicial”.

Calificó de alarmante una decisión judicial que no es del agrado de ciertos sectores, insinue que los jueces han actuado con favoritismos o en beneficio de intereses particulares”, señaló el gremio de jueces en un comunicado.

“Estos actos parecen responder a intereses ajenos y externos a la Función Judicial (…). No podemos permitir que por razones políticas, intereses personales o presiones de terceros se vulneren los principios fundamentales que garantizan un sistema de justicia imparcial y autónomo”, agrega el boletín.

Esto, mientras Tapia emitió un comunicado después de los allanamientos. Dijo que falló a favor de Terán basada en un principio de “imparcialidad judicial”.

Señaló que, durante la audiencia para revisar el recurso de habeas corpus solicitado por Terán, los representantes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) “optaron por el silencio”.

La jueza Enma Tapia hace referencia a la sentencia emitida, en el proceso número 17741-2024-00005, con la que se aceptó la apelación del habeas corpus a favor del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo.

“Es imprescindible expresarme ante la sociedad sobre la base de los principios jurídicos y procesales”. Enfatizó que sus sentencias seben ser leídas y “júzguenme sobre la base de mi trabajo, no sobre opiniones políticas o coyunturales”.

En su comunicado la jueza Tapia, no especifica el por qué su dictamen dispone privilegios a Terán como el derecho hacer uso de implementos tecnológicos durante 8 horas, acceso a toda de sus abogados, espacio reservado para reuniones, comidas diferentes y visitas médicas periódicas. (I)