El titular del CJ suspendió selección después de notar una ‘metida de manos’, para favorecer a grupos políticos.
Redacción Quito
El proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia está en el centro de una trama de irregularidades y manipulaciones. Esto es lo que trascendió hoy, viernes 1 de noviembre de 2024, en los corrillos de la Judicatura.
Lo que debería ser un concurso transparente y justo para la designación de las máximas autoridades judiciales ha sido manipulado desde dentro por actores con oscuros intereses políticos.
La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, parece seguir un modelo preocupante: acumula poder y establece alianzas que atentan contra la justicia y priorizan sus propios intereses. Al menos así se ha podido notar en las sesiones que dirige Mario Godoy, titular del CJ.
El objetivo final de estas manipulaciones parece claro: posicionar a jueces afines que le garanticen un bloque de apoyo para que, en un futuro, voten por su candidatura a la presidencia del Consejo de la Judicatura. La estrategia es sencilla pero alarmante: asegurar que, al término de este cuestionable concurso, los jueces seleccionados sean aliados dispuestos a respaldar su ascenso al poder.
Recientemente se ha descubierto que Solanda Goyes habría estado negociando su puesto en el CJ.
Son maniobras que despiertan serias dudas sobre la transparencia de sus acciones y muestran que su prioridad no es el bienestar del sistema judicial, sino sus aspiraciones personales.
Goyes, lejos de garantizar un proceso limpio, ha priorizado sus reuniones políticas en busca de apoyo para su candidatura a la presidencia del CJ.
Recientemente, estuvo en Guayaquil para reunirse con su operadora política de confianza, Zobeida Aragundi, exvocal del Consejo del CJ. Estas reuniones demuestran su desesperación por asegurar su ascenso al poder, no a través de méritos, sino mediante alianzas cuestionables que apuntan a su afán de manipular la justicia desde dentro. ¿Qué favores se están negociando en esas reuniones? ¿Qué jueces resultarán escogidos gracias a este concurso viciado, beneficiando a quienes están dispuestos a pagar el precio de la corrupción?.
Lo que resulta aún más alarmante es que Solanda Goyes no actúa sola. Está respaldada por un equipo corrupto que opera en las sombras para garantizar su permanencia en el poder. Karina Ponce, su asesora, ha sido señalada en redes sociales por cobrar favores políticos bajo la mesa. Vladimir Andocilla, exdirector nacional de talento humano del CJ y parte clave del equipo de Goyes, está actualmente siendo investigado por la Fiscalía por la presunta venta de cargos de jueces a cambio de puntajes. Existen fuertes indicios de que en esas ventas de cargos, no solo se incluían los puestos, sino también la asignación de puntajes en la fase de méritos del actual concurso.
Es precisamente esa fase de méritos la que Goyes intenta defender a toda costa, lo cual resulta altamente sospechoso.
Cabe mencionar que quienes gestionaban esta fase en el concurso eran funcionarios colocados por Solanda Goyes en la Escuela de la Función Judicial y en la Dirección Nacional de Talento Humano. Esto deja en evidencia un intento de manipular todo el proceso desde dentro, similar a las prácticas que en su momento realizó Wilman Terán, lo que hace que se pueda decir, sin temor a equivocarnos, que Solanda Goyes es una Terán en potencia, dispuesta a torcer la justicia para sus propios fines.
Los jueces que resulten de este concurso serían sus votos asegurados para el ascenso a la presidencia del CJ, configurando así una red de favores en el poder judicial.
Además, su esposo, Fausto Camacho, un operador político corrupto, se perfila para ocupar un puesto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), desde donde seguirá moviendo los hilos del poder para cumplir los favores políticos que ella ha venido tejiendo desde el CJ. Este clan familiar pretende dominar la justicia y las instituciones del país para su propio beneficio, en detrimento de la transparencia y la legalidad.
La falta de coherencia en las acciones y discursos de Solanda Goyes la ha dejado expuesta en varias entrevistas, donde sus contradicciones y confusiones son evidentes. Esto demuestra que está siendo superada por las presiones de mantener una imagen que ya nadie le cree. Su falta de claridad es solo un reflejo de un trabajo que se basa en favores políticos y no en el compromiso con la justicia.
Sus recientes declaraciones afirmando falsamente que la actual administración ha entrado en un proceso de recalificación, son solo parte de esta campaña de desinformación que busca desviar la atención de las verdaderas irregularidades del concurso. Lo cierto es que la denuncia presentada por Mayté Benítez, vinculada al caso «Pantalla», fue ingresada antes de que la nueva administración asumiera funciones, el 1 de julio de 2024, y fue la administración anterior la que intentó ocultarla. Este es solo uno de los tantos actos que Goyes y su equipo tratan de pasar por alto para seguir beneficiándose de la corrupción.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, al detectar múltiples anomalías, paralizó el concurso hasta que se realice una nueva investigación exhaustiva. Sin embargo, los esfuerzos de Goyes y Yupangui están enfocados en dejar pasar estos hechos graves para proteger a quienes tienen intereses ocultos en el sistema judicial.
Todo esto deja un mal sabor y aumenta la preocupación sobre el estado del sistema judicial. ¿Será que este concurso manipulado continuará bajo la influencia de aquellos que buscan manejar la justicia a su conveniencia?. (I)
