Expertos constitucionalistas la aclaran diciendo que lo hecho no aplica sobre la Vicepresidenta y que si esto se deja pasar, el presidente Noboa podría ser objeto de un acto igual, si se le ocurre a alguien.
Redacción Guayaquil
Los criterios de los constitucionalistas Ismael Quintana y José Chalco, dejan en claro que el Ministerio de Trabajo incurrió en una acción inconstitucional, sobre la vicepresidenta Verónica Abad.
Este día, lunes 11 de noviembre de 2024, tanto Quintana como Chalco, coincidieron en sostener que el único órgano que puede sancionar a Abad es la Asamblea Nacional y no un ente subalterno.
Quintana fue más al fondo del tema. Dijo que si se considera legal la decisión del Ministerio de Trabajo, entonces hasta el propio presidente Daniel Noboa, podría ser objeto de esa misma sanción.
Sin embargo, Ivonne Núñez, ministra de Trabajo y principal responsable del acto contra Abad, alegremente, respondió que la segunda mandataria no ha sido destituida de su cargo..
«Es una decisión constitucional la que se ha cumplido en la sustanciación del sumario administrativo, en razón de que Verónica Abad perdió la acción de protección que fue presentada por ella en contra del Ministerio del Trabajo”, dijo Núñez pese a los múltiples criterios de expertos que cuestionan lo actuado contra Abad.
Señaló que la abogada sustanciadora del sumario utilizó el principio de proporcionalidad que se establece en la ley. En la norma y que permite una sanción máxima ante estos casos es de 24 meses, es decir, 730 días.
Se aplicó a proporcionalidad que es equivalente al 20% de los 730 días lo cual da 150 días. «Es lo que yo he leído en el expediente administrativo y en la decisión aplicando la proporcionalidad en relación a los días de sanción o de suspensión que se le ha impuesto a la señora Verónica Abad”, indicó.
“Ella no ha sido ni destituida ni tampoco ha sido inhabilitada. Ella ha sido suspendida. ¿Por qué? Porque la Losep establece cuáles son las medidas que se deben adoptar cuando una persona no asiste de manera permanente a su puesto de trabajo más aún si no lo ha justificado. Ella en el proceso nunca justificó de hecho dijo que no iba a presentar prueba alguna respecto a su ausencia”, explicó.
Esta tesis, según Chalco y Quintana, no aplica a la vicepresidenta por ser funcionaria de elección popular y no «a dedo» como lo son los ministros de Estado. (I)
