Yolanda Yupangui quería que solo se elimine una parte del proceso, pero el CJ decidió volver a foja cero.

Redacción Quito
La magnitud de las anomalías detectadas en la fase de Méritos del Concurso para Seleccionar y Designar Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia, permitió hoy, jueves 21 de noviembre de 2024, al Consejo de la Judicatura (CJ) declarar la nulidad total insanable del proceso.

Solo lla vocal Yolanda Yupangui se opuso a la decisión del Pleno.

¿Qué se halló?
Tras una revisión aleatoria de las calificaciones que 35 postulantes recibieron en la fase de Méritos se detectó inconsistencias en 17 casos de notas incorrectas que al momento de calificar existió diversidad de criterios respecto de la aplicación de la norma, inobservancias de la ley y discrecionalidades.

Incluso se puntuaron documentos que no cumplieron con condiciones establecidas en la normativa.

Hubo postulantes que cargaron títulos que no correspondían a la especialidad, pero les otorgaron irregularmente hasta 26 puntos. Un aspirante presentó un certificado en Derecho Ambiental, pese a que no correspondía al campo en el que participaba.

Además, se incumplieron las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que estableció que la calificación en Méritos debía realizarse conjuntamente con Dirección Nacional de Talento Humano y el Comité de Expertos. Por el contrario, actuaron solamente la Comisión de Calificación y Tribunales de Recalificaciones externos, lo que es una grave irregularidad.

Tampoco se evidencia para qué materia o especialidad postularon los expertos y no se pudo determinar los parámetros técnicos con los que fueron asignados a materias generales y específicas.

Adicionalmente, el Reglamento del Concurso, en su artículo 48.2, establece como requisito para ser considerado experto el haber ejercido la profesión de abogado durante 15 años. Pero esta disposición contraviene lo dispuesto en los artículos 175.3, y 177.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, que estipulan como requisito haber ejercido la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria por al menos 10 años.

A esto se suma que un economista y un psicólogo organizacional estuvieron entre el personal que validó la experiencia de los expertos en el área de Derecho.

Las áreas técnicas del Consejo de la Judicatura también determinaron que hubo cambios administrativos en la metodología para el Examen de Confianza, cuando este proceso ya estaba en desarrollo.

Esto generó una afectación al derecho a la seguridad jurídica y otras irregularidades.

Igualmente, se evidenciaron inconsistencias entre los términos de referencia para la contratación de la empresa Métricas Web que realizó dichas pruebas.

Métricas Web
La acumulación de las anomalías genera serias dudas sobre la imparcialidad y la legalidad del concurso e impacta negativamente tanto en los derechos de los participantes como en la confianza pública en el sistema judicial.

Por ello, la nulidad total adoptada en sesión ordinaria fue aprobado con los votos de los vocales Solanda Goyes, Merck Benavides y el Presidente Mario Godoy. La vocal Yolanda Yupangui votó en contra.

Las autoridades actuaron respaldadas en los artículos 53 y 264.10 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esta última faculta declarar la nulidad parcial o total de las actuaciones realizadas en los concursos para la Corte Nacional de Justicia, cuando se identifiquen anomalías que generen una afectación de nulidad insanable del proceso.

En ese sentido, se dispuso remitir los informes y la Resolución aprobada a la Dirección Nacional de Transparencia, a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura, para que dentro de sus competencias realicen una investigación y procedan con las acciones legales que correspondan.

Adicionalmente, se notificará a la Contraloría General del Estado, para que realice un examen especial al Concurso.(I)

TOME NOTA

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, envió un mensaje al país: «Tenemos un compromiso con la ciudadanía, que al máximo órgano de justicia de este país, deben llegar los mejores perfiles de jueces y conjueces; con procesos transparentes, públicos, donde las reglas del juego estén claras, donde los tiempos y fases sean respetadas y no existan cambios de metodologías de última hora”.

Godoy ha brindado la confianza, en el sistema de justicia ecuatoriano, que estuvo en juego, y es imposible no hacer un llamado a la acción frente a esta situación, ya que lo que estuvo en juego, fue mucho más que un concurso: se trata de la integridad y la credibilidad del sistema judicial ecuatoriano.

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