Redacción Quito
Ub total de 176 toneladas de drogas han sido destruidas por orden judicial, durante el 2024. Así lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura hoy, domingo 22 de diciembre de 2024.
De ahí que con el fin de garantizar la transparencia y eficiencia en el sistema judicial, se implementó un procedimiento para Viabilizar la Delegación y Constatación de la Destrucción de Sustancias Sujetas a Fiscalización.
Este proceso se enmarca en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 474 del Código Orgánico Integral Penal y las resoluciones administrativas vigentes.
Dicho proceso tiene como objetivo optimizar las diligencias de destrucción de sustancias, asegurando el cumplimiento de los estándares legales y ambientales, y promoviendo una gestión más ágil y eficiente por parte de los operadores de justicia.
Cabe anotar que gracias al trabajo conjunto entre la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y
en Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, informó que desde julio de 2024 hasta la presente fecha se han destruido 170,68 toneladas de drogas.
Aspectos
- Delegación de Funciones: Los jueces podrán delegar la supervisión de las diligencias de destrucción a secretarios o ayudantes judiciales capacitados, asegurando la continuidad del proceso incluso en caso de ausencia del juzgador principal.
- Criterios de Prioridad: Se establecen directrices claras para priorizar las diligencias de destrucción, considerando factores como la seguridad pública y la capacidad operativa de las instituciones involucradas.
- Coordinación Interinstitucional: El procedimiento refuerza la colaboración entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Ecuador y las unidades judiciales, garantizando que las sustancias catalogadas sean transportadas y destruidas en condiciones controladas y bajo supervisión estricta.
- Transparencia y Documentación: Cada etapa del proceso será registrada en actas oficiales, incluyendo la descripción del procedimiento, la identificación de los intervinientes y el cumplimiento de los requisitos legales. (I)
