Redacción Quito
El correísmo quiere archivar el proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, ingresado en mayo de 2023. El cuerpo legal recién fue conocido y tratado el 28 de marzo de este 2025, en la Comisión de Garantías Constitucionales.
Esto, tras una de la Defensoría del Pueblo y patrocinada por la legisladora correísta Esther Cuesta.
La moción de archivo fue planteada por José Maldonado argumentado que contradice el artículo 135 de la Constitución que señala. «Solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público», recordó.
En los últimos días, las bancadas legislativas de ADN y Construye alertaron que el proyecto de ley preveía un enfoque de género que podría causar una afectación a las iglesias católica y evangélica, y que buscaba crear una base de datos regido por un ente técnico, lo que iba a generar una carga de contratación pública y económica para el Estado.
«La Asamblea no puede comprometer recursos del Estado sin bases ni sustento legal”, dijo Paúl Buestán, de Construye.
Adrián Castro (ADN), añadió, que, si con esta ley, un sacerdote se negaba a realizar una ceremonia de matrimonio igualitario, la Iglesia y el padre podría ser acusado y demandado del delito de odio y discriminación
“Cuando el enfoque de género está destinado para derechos progresivos, y generar políticas públicas está bien, pero no para la Iglesia”, apuntó.
Según Castro, la ley también se intentaba aprobar en un momento coyuntural cuando el sacerdote Marcelo López, de Cuenca, en su homilía “dijo la verdad” sobre los escándalos de la liga azul.
“Inmediatamente después de la afirmación del sacerdote, se empieza a querer debatir esta ley que fue ingresado en 2023 como una franca afrenta a lo que dijo el Padre López”, explicó.
Con la normativa también se buscaba que la Fiscalía y la Contraloría fiscalicen las acciones de la Iglesia. “Desde mi punto de vista eso no tenía asidero”, finalizó. (I)
