Ambas instituciones defienden accionar de sus operadores basándose en disposiciones del permisivo Coip.
Redacción Guayaquil
Las justificaciones del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, sobre la liberación de dos implicados en el secuestro y muerte de una ciudadana china y otros tres comerciantes, aceleran la indignación de la comunidad.
Tras las medidas cautelares dictadas a favor alias Cocacho y Pinky, ambas institucciones emitieron el viernes 6 de junio de 2025 comunicados de prensa «lavándose las manos» de lo actuado tanto por el fiscal Rómulo Sevilla como por el juez Juan Pablo Pulgarin.
El primero, dice la Fiscalía, pidió las medidas a favor de alias Pinky y el segundo estimó no afectar los derechos de alias Cocacho y concedió el beneficio a ambos sujetos, pese a que uno de ellos, ya había reconocido su participación en el secuestro de la asiática.
El fiscal valoró la condición de alias Pinky porque la víctima aún estaba secuestrada y viva. Y además presentó documentos que lo ubicaban como empleado sostén de familia.
El viernes, la Policía reportó el hallazgo de la ciudadana china y otros tres comerciantes en el interior de una cisterna en el sector Mirador de Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. En ese hueco las víctimas murieron por sofocación.
En el lugar, además de los cuerpos, se encontró un ventilador vetusto que no se sabe cuanto tiempo funcionó.
El mismo viernes por la tarde el comendante de la Zona 8, Víctor Hugo Ordóñez, se quejó con lágrimas de la actuación de los dos operadores de Justicia.
Y todo porque la ley permite este tipo de beneficios a favor de quien ha cometido un delito, por lo que ha sido considerada una ley permisiva a favor del crimen. (I)
