Redacción Quito
La Justicia está en proceso de fiscalización. El ministro del Interior, John Reimberg, compareció hoy, lunes 16 de junio de 2025, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea para referirse a las irregularidades cometidas por jueces y fiscales en favor de la delincuencia.
En la comisión, tanto el secretario de Estado y el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, denunciaron que las decisiones de los operadores de Justicia permiten que secuestradores, extorsionadores y asesinos salgan en libertad poco después de ser detenidos.
Reimberg recordó que de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia.
En ese contexto, denunció que uno de los argumentos que utilizó el juez para justificar la medida fue la presentación de un recibo de agua potable como prueba de “arraigo”. “Como este hay muchos casos. No se puede confundir arraigo con impunidad”, dijo.
“Cada vez que presentemos un caso ante la justicia y el delincuente quede en libertad, voy a mencionar, con nombre y apellido, al juez y fiscal responsables,» señaló.
Dávila detalló que se han realizado miles de detenciones en el marco de los operativos de seguridad, pero que ciertas decisiones judiciales obstaculizan el desmantelamiento de las estructuras criminales.
Dijo que los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo de la Policía Nacional.
«Cerca del 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador,» manifestó.
De ahí que Reimberg advirtió que el Gobierno no permitirá que las medidas sustitutivas se conviertan en una “puerta giratoria” que deje impunes delitos graves. “No es aceptable que se aplique arresto domiciliario a quienes torturan y matan. Cuando hay evidencia de violencia extrema, la prisión preventiva debe ser la norma”, sentenció. (I)
