Redacción Quito
El Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió hoy, jueves 19 de junio de 2025, a cinco servidores judiciales implicados en el caso «Narcotentáculos», en la provincia de Manabí.

La medida adoptado por el órgano de control de Justicia, obedece a una resolución urgente de la sesión del pleno desarrollo este día.

Las sanciones implican tres meses de inactividad y sin remuneración. El proceso investiga un delito de delincuencia organizada.

Estos hechos parten de los testimonios anticipados que dos exjueces sentenciados en el caso Plaga entregaron a la justicia. Allí mencionaron la existencia de una estructura criminal conformada por servidores judiciales y abogados en libre ejercicio que habrían participado en la liberación de personas privadas de libertad a través de acciones constitucionales.

Las investigaciones también determinaron que servidores judiciales presuntamente incurrieron en otros actos de corrupción, según el siguiente detalle:

Sancionados
Vicente Fernando Pico Lozano , juez de primer nivel de la Unidad Judicial del cantón Montecristi. Él habría participado en reuniones para acordar la liberación irregular de detenidos a través de medidas cautelares.

Mayra Roxana Bravo, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí y jueza de la Sala especializada de lo Civil de la Corte Provincial.

Una persona a se acercó a uno de los exjueces sentenciados en el caso Plaga y le ofreció ayuda para dar de baja un sumario disciplinario. El acuerdo implicaba un pago de 1.500 dólares.

Hermes Leonel Zambrano Oñate , juez temporal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo. Gestionó favores en procesos y acciones constitucionales con el fin de beneficiar a los sujetos procesales.

Antonio Manuel Cedeño Loor , secretario
de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone. Uno de los exjueces sentenciados en el mismo caso, señaló que el secretario recibió 1 000 dólares por el ingreso de cada medida cautelar.

Luis Guillermo Figueroa Zambrano, ayudante Judicial de la Unidad de Garantías Penales del Complejo Judicial de Chone .

Participó en reuniones para acordar la libertad de detenidos a través de medidas cautelares constitucionales.

Todos los citados cometieron infracción disciplinaria gravísima, tipificada en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En este contexto, la suspensión es una medida preventiva que regirá hasta que las investigaciones finalicen y se determine si los servidores cometieron o no la falta en mención.

El CJ de Manabí deberá continuar de manera célere con la tramitación de los expedientes disciplinarios. (I)

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