Redacción Quito
La Contraloría del Estado detectó un presuntos delito en gestión de Solanda Goyes, actual vocal del Consejo de la Judicatura (CJ).
El órgano de control remitió a la Fiscalía General del Estado, el informe con indicios de responsabilidad penal que examina convenios y subvenciones de la Judicatura entre 2020 y 2025.
Entre los hallazgos figura la actuación de Goyes cuando ocupaba la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, entre enero de 2020 y febrero de 2024.
La Contraloría detectó irregularidades en la administración de la subvención AECID, para automatizar los servicios judiciales en casos de violencia de género, incluyendo la contratación de personal sin el perfil técnico requerido y la transferencia de fondos a organizaciones privadas sin sustento documental.
Uno de los puntos más graves que recoge el informe es el conflicto de interés por nexos familiares: Goyes Quelal tenía vínculos directos con fundaciones y miembros de entidades beneficiarias como MEGA y Fundación Esquel, y su domicilio declarado coincidía con la dirección de MEGA.
Además, en el equipo contratado figuraba la hija de su pareja y posterior cónyuge, lo que configura inhabilidad por parentesco según la Ley Orgánica de Servicio Público. (I)
