Despidos de docentes y personal administrativo contradicen lo dicho por Pablo Beltrán, presidente del CES, quien anunció que no se afectaría la estabilidad laboral y el desarrollo de las demás actividades. Habrían vestigios correístas opacando el fondo de la intervención.

Redacción Guayaquil
Pasó en la administración de Tamara Borodulina. Ahora, la misma práctica se da con Patricio Álvarez, actual rector temporal importado desde la UNEMI de Milagro, para que ocupe el rectorado.

Álvarez a su llegada prometió ordenar la entidad y respetar a los trabajadores, doscentes y administrativos, pero en estos meses existe un verdadero desfile de caras nuevas que llegan a reemplazar a los antiguos.

También prometió que cambiaría los contratos laborales de las personas que trabajan bajo la modalidad de factura por servicios prestados. Sin embargo, con el transcurrir de los días, se juega con la estabilidad de empleados sostenes de familias para favorecer a los amigos.

Y causa indignación observar el trato preferencial a nuevos empleados que llegan a percibir salarios que superan los 3 mil dólares.

Pablo Beltrán, presidente del CES, fue testigo de los anuncios hechos por el rector impuesto por la intervención, pero hoy ocurre todo lo contrario debido a los vicios y ambiciones de anteriores administradores. Este funcionario garantizó que la intervención no afectaría a las actividades docentes y administrativas del centro académico.

Incluso, curiosamente, hoy se obliga a funcionarios a capacitarse en Compras Públicas para que firmen contratos de adquisiciones cuyos montos representan miles de dólares.

Esta es una práctica que la Contraloría General del Estado debe indagar de oficio a fin de cortar una práctica irregular en la contratación pública.

Alerta CES
Las autoridades actuales pretenden manejar la institución a su antojo y para eso quieren quedarse un año más. El presidente del órgano de control, Pablo Beltrán, debe tomar cartas en el asunto.

Incluso, personajes conocidos por ser parte del correísmo empujan la idea de los despidos y la llegada de doscentes de la Universidad Estatal de Milagro, para así empezar una posible función de ambas academias.

Al interior de la actual intervención ocurren situaciones difíciles que el CES debe indagar e iniciar la suspensión de la actual administración.

A esto se suma la existencia de un buró de al menos diez abogados que estarían actuando bajo la dirección de Benjamín Vásconez, ejerciendo presión sobre contratistas. Además, se menciona la presencia de un despacho jurídico vinculado a docentes de la UNEMI que habría sido incorporado a la Universidad Agraria, para ejecutar contratos a través de la Dirección de Obras, beneficiando presuntamente a contratistas de esa universidad.

Entre los despedidos está Salous Amehd, docente de la UEA. Segun se conoció, el despido fue ordenado por situaciones fe orden político por no apoyar al actual Rectorado.

Salous Amehd, decano de Ciencias Agrarias, fue despedido por disposición de Carlos Amador, funcionario de la UEa, actual cuñado del rector-interventor Patricio Álvarez Muñoz, e hijo político del fallecido rector fundador Jacobo Bucaram, casado con Beatriz Bucaram Leverone, estudiante de la carrera de ciencias Ambientales. (I)

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