Ministerio del Interior allanó 9 oficinas distribuidoras en Guayas, Azuay y Santa Elena. Hechos irregulares datan desde hace 11 años y funcionarios registran patrimonios injustificados.

Redacción Guayaquil
El Gobierno le puso el ojo a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Hoy, martes 28 de abril de 2026, el presidente Daniel Noboa encabezó el allanamiento a las instalaciones de la distribuidora de energía en 9 provincias del país, por corrupción, en Azuay, Santa Elena y Guayas.

John Reimberg, ministro del Interior, acompañó al Jefe de Estado en esta acción que se cumplió en Guayaquil, en la sede de La Garzota, norte de la ciudad.

Reimberg señaló que hay más de 50 funcionarios vinculados a este proceso y que en las próximas horas darán su versión. Los peritos revisaron los sistemas informáticos para obtener la información.

La autoridad cree que estos funcionarios estén involucrados son las desconexiones eléctricas que se han registrado en las últimas semanas en varias ciudades del país.

Los funcionarios tendrían patrimonios sin justificar de hasta 3 millones de dólares, por lo que se investiga un delito de peculado.

La red de corrupción vendría operado desde hace 11 años a la interna de CNEL y se la pudo desarticular informó el presidente Daniel Noboa, quien detalló el alcance de las irregularidades detectadas.

De acuerdo con el mandatario, el esquema incluía la alteración de planillas eléctricas a cambio de pagos irregulares, el uso de reclamos para evadir cobros y la presunta colaboración de funcionarios vinculados a Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). “Hoy desarticulamos una red de corrupción en CNEL que operó por más de 11 años: cambiaban las facturas a cambio de coimas, usaban reclamos para evadir pagos y tenían apoyo dentro de Arconel para sostener el negocio”, escribió Noboa.

La estructura también habría intervenido en proyectos eléctricos y provocado fallas en el servicio, con impacto directo en los usuarios. “Manipularon proyectos eléctricos y provocaron fallas que afectaron directamente a la gente. Le quitaron al país al menos 300 millones de dólares”, señaló Noboa.

El presidente agregó que las prácticas irregulares generaron inequidades en el sistema de cobro del servicio eléctrico. “Mientras unos pagaban su planilla completa, otros la borraban con una llamada a un funcionario. Eso lo terminó pagando todo el Ecuador”, afirmó. (I)

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