Redacción Quito
El presidente Daniel Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 424 para actualizar las directrices del conflicto armado interno en Ecuador e inaugura una fase denominada de «ofensiva total» contra las estructuras de los grupos armados organizados y el narcotráfico.
El decreto introduce tres reformas jurídicas de alto impacto que buscan otorgar amplias garantías operativas y legales tanto a las fuerzas del orden locales como a contingentes internacionales.
La primera medida de impacto internacional establece que el personal de los Estados cooperantes que participe en operaciones conjuntas dentro del territorio ecuatoriano gozará de inmunidad jurídica. El texto oficial detalla que este beneficio se aplicará de estricta conformidad con los tratados, convenios e instrumentos internacionales vigentes ratificados por el Ecuador, con el fin de facilitar el apoyo estratégico e investigativo extranjero sin riesgo de judicialización local.
En el ámbito interno, el Decreto 424 faculta al Primer Mandatario a otorgar indultos, rebajas o conmutaciones de penas a favor de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de ciudadanos civiles.
La condición indispensable para acceder a estos beneficios es haber participado directamente en acciones destinadas a contrarrestar las amenazas del conflicto armado interno y en la legítima defensa de los intereses del Estado.
Adicionalmente, el Ejecutivo incluyó un exhorto directo a la Asamblea Nacional, amparado en las atribuciones del artículo 120 de la Constitución de la República. Noboa solicita formalmente al Poder Legislativo tramitar de manera prioritaria amnistías para aquellos uniformados y civiles que hayan actuado legalmente frente a los grupos delictivos transnacionales, buscando cerrar cualquier posibilidad de futuras retaliaciones judiciales.
El anuncio de esta «ofensiva total» coincide con una intensa agenda gubernamental de fortalecimiento operativo, que incluyó la reciente entrega de nuevas aeronaves de combate para el Ejército ecuatoriano.
Con este andamiaje político y legal, el Gobierno busca garantizar que quienes combaten en primera línea cuenten con el respaldo absoluto del Estado. (I)
