El asesinato de Fernando Villavicencio se cometió el 9 dr agosto del 2023, después de un mitin de campaña.
Redacción Quito
Después de tres años de cometido el asesinato contra Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado pidió difusiones rojas de Interpol para José Serrano, exministro del correísmo, Xavier Jordán, Ronny Aleaga, exlegislador de RC5 y Wilmer Chavarría, alias Pipo.
Esto, con el fin de que se emitan los trámites para su extradición a Ecuador por estar implicados en el crimen del periodista de investigación y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
La solicitud se realizó al concluir el dictamen acusatorio dentro de la audiencia preparatoria de juicio por el magnicidio del excandidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, luego de un mitin de campaña
Ana Hidalgo, agente fiscal del caso, acusó a siete personas como presuntos autores mediatos del asesinato y solicitó al juez Giovanny Freire que los llame a juicio.
Además de Serrano, Jordán, Aleaga y Chavarría, entre los procesados constan Daniel Salcedo y dos cabecillas de Los Lobos, identificados como Lobo Menor y Gordo Luis.
La acusación se sustenta en el artículo 140, numerales 9 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionados con un asesinato cometido durante una concentración masiva y contra un candidato de elección popular.
La Fiscalía pidió, además, que Serrano, Jordán, Aleaga y alias Pipo sean declarados prófugos aunque el exfuncionario de Rafael Correa, guarda prisión en Estados Unidos por un delito migratorio.
Según la información expuesta durante la diligencia, Serrano y Jordán se encuentran en Estados Unidos, Aleaga estaría en Venezuela y Chavarría permanece en España.
También solicitó mantener la prisión preventiva de los siete acusados, prohibirles enajenar bienes, retener sus cuentas en el sistema financiero nacional y mantener las medidas de protección para las víctimas.
Durante su dictamen, la Fiscalía sostuvo que alias ‘Pipo’, señalado como cabecilla de Los Lobos, habría recibido 1 millón de dólares para ejecutar el asesinato de Villavicencio.
La tesis fiscal ubica a integrantes de esa organización criminal dentro de la estructura encargada de concretar el atentado, mientras que otros procesados habrían intervenido en la planificación, financiamiento, seguimiento y coordinación del crimen. Estas responsabilidades forman parte de la acusación del Ministerio Público y deberán ser discutidas y probadas en juicio si el juez dispone que el proceso avance a esa etapa.
La nueva fase del denominado caso Magnicidio FV busca establecer quiénes habrían ordenado, financiado y coordinado el atentado que sacudió al país en plena campaña electoral.(I)
