Redacción Quito
El Gobierno y las organizaciones sociales iniciaron los diálogos distribuidos en 10 mesas técnicas con un plazo establecido de 90 días, para alcanzar la mayor cantidad de acuerdos posibles, en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos.
Este viernes 14 de octubre del 2022, finalizó ese plazo y se cerraron estas mesas temáticas, con la participación de 39 instituciones gubernamentales y el trabajo de más de 200 personas, para buscar esos consensos. En este contexto, el Gobierno confirmó que firmaron 218 acuerdos, para apuntalar la política pública.
En estas mesas se tocaron los ámbitos económico, productivo, salud, educación, empleo y seguridad. Ante ello, Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, ponderó este «proceso histórico» realizado en conjunto con las organizaciones indígenas.
«Por primera vez dos sectores históricamente antagónicos, pudieron sentarse a entablar un diálogo transparente y sincero», destacó Jiménez.
También precisó que este problema fue resultados de «una mala política antigua», que impidió ese acercamiento.
En su exposición, Jiménez aseguró que este modelo de diálogo se extenderá a otros sectores sociales «que tenga una propuesta» que pueda servir para el desarrollo del país.
Tras la exposición de los líderes de las organizaciones indígenas y del representante del Gobierno, se firmó el acta de cierre de los diálogos por la paz entre las partes, en medio de aplausos de los asistentes al acto. Sin embargo, cabe precisar que habrá una Comisión de Seguimiento, para verificar que estos se cumplan.
Sin embargo, Iza resaltó que aunque en el censo se trate al sector indígena como un pueblo que representa solo el 7% de la población, mestizos, afros, montubios y otros más participaron en el paro y en los diálogos, a los que se llegó “no por voluntad, sino por presión”.
Ahora lo que sigue, dijo Iza, es que los acuerdos no queden en “letra muerta” y se concreten los beneficios por los que se lucharon,.
“Hay un número de resoluciones muy importantes, pero la responsabilidad de la implementación de los acuerdos recae sobre el Estado, de nuestra parte vamos a estar dando seguimiento a que se concreten”, dijo Iza.
Observó que aún no hay control de precios y adelantó que si las condiciones de vida no cambian, en algún momento volverán las manifestaciones.
Pidió que se garantice la consulta previa e informada en asuntos mineros, porque de lo contrario las comunidades defenderán sus territorios. “Y esto no es una amenaza, es una realidad de lo que va a pasar”, dijo Iza. (I)
