Redacción Quito
El Consejo de la Judicatura toma nota de las actuaciones de varios jueces del sistema judicial ecuatoriano y comienza a aplicar sanciones.

Hoy, los operadores de justicia que debe indagar hechos de corrupción hoy son materia de investigación de su mismo órgano de control.

Esto, porque el pasado 9 de julio, la Fiscalía ejecutó un operativo relacionado con las anomalías encontradas en el sorteo de jueces que fallaron a favor del alcalde de Quito, Jorge Yunda.

Los allanamientos se dieron en las oficinas de los jueces Carlos Soto y Belén Domínguez. Frente a ello, el Consejo de la Judicatura resolvió suspenderlo con 90 días, sin sueldo.

Casos como este en las últimas semanas han puesto la lupa sobre el accionar de los jueces. Pero ¿cuántos han sido sancionados o suspendidos en los últimos años?.

El pasado 27 de julio, la jueza Verónica Medina fue suspendida por anular el proceso penal por delincuencia organizada en contra del expresidente de la república Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo “la actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia (…) por lo que este tribunal de alzada declara la manifiesta negligencia de la señora jueza”.

Según la Judicatura en lo que va del año, 36 funcionarios judiciales han sido destituidos de sus funciones. Mientras que, 28 jueces fueron sancionados con amonestaciones o multas.

Sin embargo, el número es mayor si se regresa a 2019, en total, 159 funcionarios han sido destituidos, 133 suspendidos y 268 han recibido amonestaciones entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros. Hoy son 60 magistrados destituidos desde 2019

El CJ mediante un comunicado publicado el pasado 1 de agosto, solicitó a la Corte Constitucional (CC), que atienda de “manera preferente”, las peticiones de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, que sean requeridas por los usuarios que han interpuesto acciones extraordinarias de protección y la correspondiente denuncia.

El propósito es que la institución pueda ejercer su potestad disciplinaria, “y no queden en la impunidad infracciones gravísimas cometidas por operadores de justicia”.

Ante el pedido, el juez Cristian Quito, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), expresa que lo solicitado por el CJ “podría incurrir en la situación del proceso en la declaración previa, toda vez, que el reglamento de la CC determine en caso de queja o denuncia el CJ se limitará a requerir dicha declaración, sin que se exprese un criterio”, alega y agrega que desde el gremio lo toman con preocupación porque “creemos que podría afectar a la transparencia”.

Además, describe que los pronunciamientos que surgen a raíz de los casos “mediáticos”, y agrega “si nos genera cierto desconcierto ciertas publicaciones por parte administrativa, lo que no queremos es que por casos aislados tildar a todos que actuamos de la misma manera, y no es así”.

En el mismo comunicado, además, se pide que de manera inmediata se proceda a la evaluación de desempeño y productividad de los jueces, que se realiza cada tres años. Además, la institución solicita más recursos económicos al Gobierno para financiar procesos de evaluación.

Asimismo, detalló que en un plazo de 48 horas, el director provincial de Pichincha inicie los sumarios disciplinarios en contra de los servidores judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por Yunda.

De ahí que la Judicatura no debe sólo fijar su atención en los procesos penales mediáticos sino también en las causas laborales donde los jueces actúan en beneficio del empleador infractor con dilaciones a los procesos. (I)