Redacción Quito

Varios asambleístas demandaron la derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario, impulsada por el entonces presidente Lenín Moreno y aprobada por la Asamblea Nacional, por ser perjudicial al interés y estabilidad de los trabajadores ecuatorianos.

En este marco de los proyectos de reformas a este cuerpo legal, la Comisión de Garantías Constitucionales, recibió observaciones de representantes del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial y de la Superintendencia de Bancos.

Silvia Bonilla, del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, señaló que hay que derogar la Ley de Apoyo Humanitario por ser inconstitucional, porque incrementó los despidos laborales, vulneró el principio de unidad de materia respecto del artículo 33 de la Constitución que establece que el trabajo es un derecho, un deber social y un derecho económico.

Además, generó conflictos al modificar las condiciones económicas de la relación laboral en cuanto a jornada, salario y vacaciones.

Así mismo, los contratos cambian su forma de relación de definidos a emergentes por acuerdos, provocando inestabilidad laboral. Esa ley ocasionó la disminución de aportaciones al IESS, reduce el salario debido a la proporcionalidad de horas trabajadas hasta el 50% y crea un marco jurídico permanente de contrataciones emergentes más allá de la crisis sanitaria, advirtió.

El asambleísta Mario Ruiz dijo que no está de acuerdo en derogar la ley en su totalidad, pero si el capítulo de relaciones laborales. Por su parte, el legislador Édgar Quezada manifestó que hay varios temas de la Ley de Apoyo Humanitario que requieren ser analizados, considerando las realidades, pero no se puede dejar en el vacío a determinados sectores, como la salud.

La legisladora Paola Cabezas consideró que se podría hacer reformas a otros cuerpos laborales y derogar esta Ley. En cambio, la parlamentaria Fernanda Astudillo pidió garantizar el reconocimiento a los médicos que laboraron durante la pandemia.

Abel Gómez, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), comentó que este sector necesita una atención urgente, porque el capital invertido está en riesgo. Mientras Efraín Gallegos, asesor jurídico de Fenacotip, pidió que en las reformas a la Ley se incluya a la transportación, por ser el motor que mueve la economía del país.

Recordó que en tiempo de pandemia el 100% de la transportación dejó de operar por siete meses y hasta el momento no se han podido recuperar completamente.

Mirian Muñoz, de la dirección de Asesoría Legal de la Superintendencia de Bancos, indicó que existen artículos del proyecto que deben ser eliminados, como por ejemplo el 10, porque la norma cumplió su fin al dar 12 meses de facilidades de pago, a la vez que afirmó que no comparte la idea de derogar la totalidad de la ley.

Alison Landy, intendenta nacional del Sector Financiero Público, mencionó que para este año se prevé un crecimiento económico del 2.5%. Recomendó crear un Fondo de Apoyo a la Mipyme, para acceder a créditos con tasas de interés y plazos competitivos, así como la generación de fuentes de empleo en el país. (I)