Redacción Quito
El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, aclaró que constitucionalmente el organismo que representa está impedido de interferir en las decisiones judiciales.

Murillo mencionó que los artículos 226, 168 y 181 de la Constitución y 8 246 y 123 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) definen las competencias del CJ, impidiendo que intervenga en otras funciones del Estado.

Además, recordó que una resolución de la Corte Constitucional de septiembre de 2020, impide que el CJ actúe de oficio contra un juez por dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable, teniendo que esperar la presentación de una denuncia y luego la declaratoria o resolución de un Tribunal superior sobre la conducta del juez o funcionario judicial, lo cual aún no ocurre pese a lo manifestado por el asambleísta Vanegas.

Sobre el supuesto entendimiento que tendría el CJ con el Gobierno para interferir en las actuaciones de la Asamblea, el presidente del organismo rector de la justicia, rechazó tal situación de manera categórica y exigió al asambleísta Vanegas que si tiene pruebas de esa acusación, las presente.

También puntualizó que “no podemos cometer los errores del pasado de interferir en la administración de justicia. Si quieren precipitarnos a violar la ley no lo vamos a hacer. Vamos a respetar la independencia de la Función Judicial y haremos respetar el principio de independencia externa”, dijo hoy miércoles 13 de abril del 2022.

Antes, el asambleísta de Pachakutik, Ricardo Vanegas, criticó la decisión de un Tribunal de Garantías Penales por conceder una acción de protección a favor de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, para impedir la conformación de una comisión pluripartidista que permita sancionar a uno o más miembros del Consejo Administrativo Legislativo (CAL).

Según Vanegas, la intervención del Tribunal Penal es una intromisión del poder Judicial en el poder Legislativo. “No puede ser que jueces actúen de una manera tan descomedida y arbitraria”, dijo Vanegas.

El legislador además cuestionó que el Tribunal no haya convocado a la Procuraduría y al resto de los asambleístas. Ante lo cual, según él, esa actuación constituye un pacto entre el poder Ejecutivo y Judicial, para paralizar las actuaciones del Legislativo.

Ante esto, presentó una denuncia contra los tres jueces que conforman la instancia judicial para que sean juzgados por error inexcusable.

Asimismo, reveló haber enviado a las diferentes bancadas legislativas, las razones para llamar a juicio político a los 4 vocales del Consejo de la Judicatura (JC). (I)