Redacción Quito
Cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) enfrentan este viernes un proceso político con fines de destitución al interior del Legislativo.
Esto, luego de un común acuerdo entre las bancadas del correísmo y socialcristianismo que conforman un bloque de mayoría. Necesitarán 70 votos para censurar a los consejeros.
Hoy, martes 15 de noviembre del 2022, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, anunció que el pleno sesionará este viernes, 18 de noviembre, a las 14h30.
Los sindicados son: Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías, por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la designación del Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Dichas causales constan en la solicitud de enjuiciamiento político presentada por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño, quienes sustentaron sus afirmaciones ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro de la fase de actuación de pruebas.
La convocatoria responde a la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, este martes, 15 de noviembre, con 84 votos afirmativos, por la cual resuelve enjuiciar políticamente a los cuatro consejeros y consejeras del CPCCS, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los legisladores Maita y Pazmiño.
Procedimiento
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la fecha y hora señaladas los asambleístas interpelantes llevarán adelante el juicio político por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.
A continuación, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.
Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del Pleno y el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate, una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. (I)
