Redacción Quito
El Consejo de la Judicatura (CJ) busca transparentar el servicio de justicia. En sesión extraordinaria desarrollado el martes 15 de octubre de 2024, la institución destituyó al fiscal de Orellana, A.E.A.P.
Informes de las áreas técnicas determinaron que el servidor sancionado habría solicitado 10 mil dólares a la hermana de una persona procesada por el delito de violación, para pagar a los peritos y ayudarlo dentro de la correspondiente causa penal.
En su versión, la mujer sostuvo haber realizado dos depósitos. El primero de 5 mil y el segundo de 3 mil dólares que el fiscal destituido habría recibido personalmente.
La hermana de la persona procesada penalmente relató, además, que para realizar el pago al servidor judicial recurrió a un crédito a través del sistema financiero.
Aunque el dinero fue devuelto en su totalidad, el funcionario incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios que ponen en tela de duda la imparcialidad del servidor judicial.
La destitución del fiscal se aprobó con el voto unánime de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y el presidente de la institución, Mario Godoy. (I)
