Redacción Quito
Dos bloques legislativos no están de acuerdo con las reformas que se plantean al Código Orgánico Integral Penal (Coip), las cuales lo harían más beneficioso a la corrupción e impunidad.

La Asamblea Nacional tratará en segundo debate un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Lo hará este jueves 15 de febrero de 2024.

Se intentará que el Parlamento defina, entre otras cosas, la tipificación de nuevos delitos y aumento de penas.

Dos cambios generan polémica. El primero tiene que ver con modificaciones al recurso de revisión para las sentencias ejecutoriadas. El segundo con la información que estaría obligada a entregar la Fiscalía a entidades como la Asamblea para procesos de fiscalización.

El movimiento Construye se pronunció diciendo que «la reforma al COIP que pretenden aprobar el jueves ya fue anunciada por Andrés Arauz. Cambiar las leyes a medida del ‘regreso’ de Rafael Correa a pesar de sus delitos y sus sentencias”.

Vicente Taiano, coordinador de la bancada del PSC, señaló que no están de acuerdo en que proceda la causal nueva para el recurso de revisión.

Rechazo
Pero hoy, miércoles 14 de febrero del 2024, la Fiscal del Estado expresó su rechazo a la reforma. Lo hizo a través de un comunicado que dice lo siguiente. En relación al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscalía General del Estado (FGE) expresa su preocupación y su rechazo ante el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal del Ecuador, a través de la inclusión de figuras que provocarán la impunidad en causas penales que cuentan ya con sentencias condenatorias ejecutoriadas.

El propósito de incluir como causal del recurso de revisión un nuevo análisis sobre vicios procesales y pronunciamientos de comités de Derechos Humanos (que no tienen la misma validez que una decisión de la Corte IDH), no solo va en contra del sentido y finalidad misma de este recurso, sino que –además– irrespeta la institución de cosa juzgada, cuya decisión únicamente admite reforma en circunstancias excepcionalísimas, pues si banalizamos su procedencia, todo el sistema de justicia y sus decisiones perderían valor, abriendo la posibilidad a que todo delincuente con sentencia condenatoria ejecutoriada sea puesto en libertad.

Dicha reforma no es la única que generará lagunas de impunidad. También se pretende obligar a la FGE a archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito, so pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas, sin tomar en cuenta que existen investigaciones que implican un tiempo mayor a uno o dos años, y olvidando que el artículo 195 de la Constitución de la República otorga la titularidad de la acción penal pública únicamente a esta Institución.

Además de abonar a la impunidad, el proyecto de reformas al COIP pone en riesgo el éxito de las investigaciones y operativos de la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional, al intentar exigir a esta Institución la entrega de información que reposa en sus expedientes y que –por norma– cuenta con una cláusula de reserva, cuyo fin precisamente descansa en procurar efectividad en la persecución del delito, garantizar el tratamiento adecuado de datos personales y respetar la presunción de inocencia de los involucrados.

Sin dejar de mencionar el atentado contra la seguridad jurídica que se encuentra presente en todo el proyecto de reforma, se pretende incluir la imprescriptibilidad de ciertos delitos sin análisis ni estudios político-criminales previos que avalen su imposición, inobservando el principio de proporcionalidad contenido en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

Queda claro que las propuestas deben cumplir con los principios de la política criminal y no responder a intereses políticos. Por lo tanto, se debería legislar de conformidad con la doctrina internacional y en virtud del desarrollo progresivo de los derechos reconocidos en la Constitución y el Sistema Acusatorio Penal vigentes en el Ecuador: una propuesta irracional crea escenarios de litigio sin fundamento e instancias que pueden dar lugar a escenarios de impunidad.

La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía y en especial a la comunidad jurídica a estar vigilantes ante escenarios que buscan instaurar la impunidad en nuestro país y un mayor desgaste a nuestro ya debilitado sistema de justicia. (I)

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